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Copago farmacéutico: ¿Qué cambia a partir del 1 de julio?

Copago farmacéutico: ¿Qué cambia a partir del 1 de julio?

Copago farmacéutico: ¿Qué cambia a partir del 1 de julio? En líneas generales, y salvo excepciones, todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud pagaremos más por los medicamentos. Nuestra aportación económica se fijará en función de la renta, por lo que también se suman al copago los pensionistas y jubilados. ¿Cuánto tendré que pagar? ¿Cómo nos afectará al bolsillo? ¿Afectará a nuestra salud?

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    Copago farmacéutico: ¿Qué cambiará a partir del 1 de julio? Casi todos tendremos que pagar más por los medicamentos a partir de la fecha, 1 de julio, en la que entrará en vigor la reforma del Ministerio de Sanidad. Una medida que el Gobierno justifica por la deuda de la Sanidad y que, en definitiva, se traduce en que a partir de ahora pagaremos en función de la renta, incluidos los pensionistas y jubilados que pasarán a abonar el 10% de los fármacos. Pero hay más novedades de una reforma que nos afecta a todos y de la que surgen muchas preguntas sobre su aplicación y cómo nos afectará al bolsillo y a la salud.


    Más de 44 millones de personas forman parte de la cartera de usuarios del Sistema Nacional de Salud. A todos ellos les afecta el copago farmacéutico que entrará en vigor, tal y como ha previsto el Ministerio de Sanidad, el próximo día 1 de julio. ¿Qué cambiará? ¿Tendremos que pagar más por los medicamentos? ¿Cuánto? Son algunas de las preguntas y dudas que han surgido desde que se anunciara una nueva medida que, en términos generales, se traduce en que pagaremos más por los medicamentos, un pago que se hará en función de la renta. Y pagaremos más casi todos, porque esta medida pone fin a los fármacos gratis para los jubilados y pensionistas, los cuales a partir de ahora tendrán que abonar el 10%. Por su parte, las personas en activo pagarán entre el 40 (rentas inferiores a 18.000 euros al año) y el 50% (rentas superiores a 18.000 euros al año pero menores a cien mil euros). Pagarán el 60% las rentas superiores a los cien mil euros. Lo que pasaremos a pagar vendrá determinado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al año anterior, en este caso, 2010. Cada receta que prescriba el médico incluirá un código que indicará la aportación que tiene que hacer el usuario al adquirir las recetas en la farmacia.

    Hay que puntualizar que, en el caso de los pacientes jubilados, si tienen una renta inferior a 18.000 euros al año se les devolverá el dinero abonado si el gasto supera los 8 euros mensuales; con rentas superiores a los 18.000 euros el techo máximo de gasto se situará en los 18 euros al mes, y en las rentas de más de cien mil euros, el límite de gasto estará en los 60 euros. Cómo hacer el reembolso es uno de los flecos pendientes de la reforma y que está pendiente de consensuarse por parte del Consejo Interterritorial de Salud.

    Quedan exentos de pagar los pensionistas con una pensión no contributiva o que perciban una renta mínima de inserción.

    Por su parte, quedarán exentos del pago de medicamentos las personas en paro y que ya no perciban subsidio de desempleo, así como los pacientes con tratamientos por enfermedad o accidente profesional, las personas con discapacidad, los pacientes de síndrome tóxico y los que perciban una renta de integración social.

    El agujero económico de la Sanidad (16.000 millones de euros según el Gobierno) es el argumento que mueve esta reforma que, en mayor o menor medida, afecta al bolsillo y a la economía de todos los ciudadanos. Una subida de la aportación farmacéutica que también preocupa por cómo afectará a la salud, ya que médicos y farmacéuticos no descartan un descenso en el consumo de medicamentos al aplicar una medida recaudatoria. Una medida, eso sí, que afecta a los fármacos, no a la asistencia sanitaria. Esto es importante subrayarlo porque la nueva medida también ha generado dudas sobre quién tiene derecho a la tarjeta sanitaria, la cual garantiza la asistencia médica gratuita. Una tarjeta a la que tienen derecho todos los ciudadanos españoles y extranjeros con residencia legal. Eso sí, el Ministerio de Sanidad apunta que todas las personas tienen garantizada la asistencia básica, aunque no dispongan de tarjeta sanitaria, especialmente si se trata de menores de edad, mujeres embarazadas, enfermedad o accidente.

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